En la segunda edición de «Nuevas voces» mencionan que se requiere un enfoque más consciente y crítico para considerar cómo las empresas y las organizaciones pueden impactar en los derechos humanos y el medio ambiente ¿A qué se debe?

Siempre decimos que esto es una agenda novedosa pero no nueva. Las empresas están acostumbradas a desarrollar ciertas actividades más en torno a lo que se conoce como responsabilidad social empresaria, pero el nuevo paradigma que propone el Marco de Empresas y Derechos Humanos y de Conducta Empresarial Responsable va por otro lado. Va por la identificación y el análisis de impacto que tienen sus actividades, sus relaciones comerciales y sus operaciones para poder identificar cuáles son las situaciones de riesgo.

Entonces no requiere solamente tener la buena voluntad de cumplir con ciertos estándares, sino de realmente respetar los derechos humanos. Es por eso que decimos que se necesita un enfoque más crítico y más consciente del impacto que generan, de sus vínculos comerciales, de las relaciones de influencia que tienen con sus proveedores, por ejemplo, para que ese análisis lleve a acciones que estén claramente relacionadas y conectadas con la potencialidad o la realidad del impacto que pueden generar.

En ese sentido, lo pensamos no solamente en cuanto a los impactos generales de los derechos humanos sino también del ambiente. Si bien tenemos un derecho humano al ambiente sano, también lo pensamos en la afectación específica al ambiente. Lo que plantea este Marco tiene que ver con una gestión de riesgos que tiene que ser realizada de forma crítica, en cuanto a realmente conocer los impactos y a gestionarlos, tratar de prevenirlos, tratar de mitigarlos. Y todo ello haciéndolo con participación de las partes interesadas, poniendo en el centro a las personas, a las y los titulares de derecho, para que esa participación sea informada, lo cual implica la transparencia y la rendición de cuentas por parte del sector privado.

Además, todo ello le puede permitir a las empresas conocer también un punto de vista que quizás no lo tienen, y ahí es como también se empieza a hablar de conceptos como de licencia social para operar.

En la publicación destacan que para avanzar hacia una cultura de Conducta Empresarial Responsable hay un actor que cumple un rol fundamental que es la academia ¿Por qué lo consideran así?

La academia tradicionalmente busca la generación de evidencia, la generación de conocimiento, y la difusión de ese conocimiento. Y precisamente cuando estamos hablando de una agenda que se considera nueva o novedosa, la academia en este tema en particular tiene un rol muy activo porque es el espacio natural para transmitir nuevos paradigmas, nuevos Marcos, nuevos conceptos, nuevas ideas.

De hecho, ha participado desde la incidencia en organismos internacionales, ha trabajado codo a codo con el sector privado, con los Estados, generando difusión por un lado y concientización por el otro, que no es lo mismo necesariamente. Pero también para dar a conocer el estándar que debería aplicarse según la normativa de soft law a nivel internacional, como son el Marco que nos proponen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la declaración tripartita de la OIT, y las Líneas y Directrices de la OCDE.

Este rol central que tiene la academia, y que en América Latina en particular creo que está muy marcado por la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, genera también la sostenibilidad del tema, que esté en la agenda pública, en la agenda política, que las organizaciones de la sociedad civil tomen este tema desde un marco que les brinda herramientas para poder defender a titulares de derechos por un lado, y por el otro también para generar nuevos y nuevas profesionales que van a ser quienes desde los diferentes sectores en los que vayan a participar también implementen estas herramientas. Sea porque van a estar en cursos de educación ejecutiva y van a estar gestionando estos programas de debida diligencia en el sector privado por un lado, sea porque van a estar desde el sector público diseñando, implementando políticas públicas de protección y garantía de respeto de Derechos Humanos en torno a las actividades y operaciones de las empresas, o desde la sociedad civil buscando la protección de las personas.

Y, por último, señalar que también hay una actividad e incidencia fuerte en la región, de trabajo con el sector público en la asesoría en los diferentes Planes Nacionales de Acción que se fueron desarrollando en trabajo con las organizaciones del Proyecto CERALC de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe. También de trabajo con sociedad civil, orientando las estrategias que llevan adelante. Y con el sector privado, dando a conocer los estándares y asesorando sobre cuáles deberían ser las mejores prácticas. Y no quiero dejar de mencionar lo que tiene que ver con la discusión sobre el instrumento jurídicamente vinculante. Por todo ello, la academia es muy activa.

¿Cómo ven al sector académico en América Latina y el Caribe al momento de sumar y enriquecer la mirada regional sobre estas discusiones?

Yo diría que lo podemos dividir en dos grandes situaciones, dos contextos. Por un lado tenemos una academia muy activa en todos los sectores para promover este Marco dentro de la región, que es algo muy bueno pero a la vez muy reducido. Por eso se plantean estos espacios, para incluir nuevas voces, para convocar a nuevos y nuevas actores y actrices. Porque se requiere de mayor participación desde el sector de la academia en cuanto a cantidad. Somos pocos y pocas quienes trabajamos con este enfoque todavía.

Es por eso que el concurso y todas las acciones que hacemos desde la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas tienen que ver no solamente con difundir y dar a conocer este Marco y generar evidencia y conocimiento sobre ellos, sino también para convocar a más personas a sumarse a estos espacios. Porque el sector académico en América Latina es muy robusto en cuanto a conocimiento, expertise e involucramiento, pero por otro lado todavía requerimos que se sumen más personas.

¿Por qué eligieron en la segunda edición enfocarse en convertirlo en un semillero de ideas?

Fue una conversación con los y las integrantes del comité directivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. No queríamos replicar en general las condiciones de los concursos que se dan a nivel académico, donde la lógica es la competitividad.

Nuestra idea no era que hubieran ganadores en esta ocasión, sino trascender esa noción y pensar en lo valioso de las ideas que se estaban exponiendo en cada uno de estos ensayos, que venían de diferentes ramas.

Porque los temas de Empresas y Derechos Humanos abordan casi todas las ramas del derecho, pero  es interdisciplinario también. Entonces queríamos poder destacar lo valioso de cada uno de esos ensayos, lo valioso de acompañar también a las y los ensayistas a desarrollar esa idea principal que habían tenido. Por eso, lo que hicimos luego fue no solamente destacar algunos de los trabajos que son los que se publicaron, sino también convocar a algunos de los ensayos que no fueron seleccionados para la publicación pero sí para el semillero.

Ya realizamos dos encuentros y nos queda pendiente un tercero con expertos y expertas de la Academia y del proyecto CERALC para recibir devoluciones sobre lo que escribieron, y quizás tomar alguno de esos comentarios que fueron recibiendo para que estos ensayos tuvieran también la posibilidad de ser publicados en otros lugares, como journals o incluso como capítulos de libros.

En síntesis, la lógica de cambiar a un semillero de ideas es trascender a la instancia del concurso en sí, a la competitividad del concurso en sí, y poder acompañar a estas personas que dieron su tiempo y que estuvieron siguiendo todo un proceso donde recibieron de muy buena gana los comentarios que se hacían para mejorar sus artículos, y para incluso sumarlos a la comunidad académica que todavía es bastante incipiente.

¿Cómo ve la relación entre derechos humanos y medio ambiente en la región?

Por un lado, creo que nuestra región tiene un camino recorrido en términos de reconocimiento del ambiente como un espacio en sí fuera de la mirada antropocéntrica. Pero también como el reconocimiento de un derecho humano al ambiente sano, a partir de la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un reconocimiento que llegó antes de que llegue en el sistema universal.

Esa forma de interpretar la relación de las personas con el ambiente tiene que ver con las características propias de la región. La presencia de pueblos indígenas y el robusto desarrollo que hubo sobre el reconocimiento de su derecho a la propiedad y su derecho a la identidad ligada al territorio en el que viven, el territorio ancestral en general, y todas las implicancias que eso tiene.

Esto en Europa no es algo tan presente, y por eso somos pioneros en cuanto al reconocimiento del ambiente. Y, por otro lado, al derecho humano a un ambiente sano. Tenemos constituciones nacionales como Ecuador y Bolivia que reconocen al ambiente como una persona y le garantizan protección en forma individual. Además, también tenemos el derecho de las personas en su dimensión individual y colectiva a un ambiente sano. Por eso, me parece que como región tenemos un gran recorrido en reconocer esa vinculación, y a la vez como elementos separados, que es algo que nos da una ventaja en cuanto a cómo se trabaja en Europa, a cómo se trabaja en el sistema universal, y eventualmente en los sistemas de protección en Asia que son no tan institucionalizados.