En Costa Rica, por ejemplo, el BID ha apoyado al gobierno en la elaboración del Plan Nacional de Descarbonización y en la implementación de una estrategia de largo plazo hacia emisiones netas cero. Este enfoque incluyó un préstamo condicionado: si se cumplen ciertos hitos de descarbonización, se dispararía un segundo financiamiento, lo que permitió atraer US$ 2.400 millones y asegurar continuidad política sin importar los vaivenes gubernamentales.

 

El informe también alerta sobre la fragilidad institucional: la gobernanza climática sigue siendo insuficiente y segmentada, con financiamiento público escaso y burocracias poco preparadas para coordinar una respuesta efectiva. No obstante, destaca que la colaboración entre gobiernos, universidades, sociedad civil y sector privado es fundamental para que las estrategias de desarrollo sostenible sean pertinentes y sostenibles.

En este contexto, el sector privado no solo debe ser parte de la solución: tiene una oportunidad estratégica de reorientar su inversión hacia prácticas sostenibles. Al anticiparse a regulaciones más estrictas, apoyar la economía circular, las energías limpias, la agroindustria regenerativa y plataformas de financiamiento climático, las empresas pueden no solo mitigar riesgos reputacionales y físicos, sino también acceder a nuevos mercados y financiamiento responsable.

Durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF/WIP 2025), numerosos líderes del sector privado subrayaron esta urgencia con claridad. Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica, advirtió que “44 billones de dólares de la economía mundial dependen de que la naturaleza se mantenga saludable”, exhortando a que gobiernos y empresas colaboren bajo esta perspectiva. Desde la banca, Mario Pardo (BBVA Colombia) resaltó el éxito de recaudar 50 millones de dólares para financiar biodiversidad en apenas cuatro meses, reflejando el potencial de acción rápida del sector.

Estos ejemplos no quedan aislados. CAF también lidera iniciativas como el programa Pymes Verdes LAC, en colaboración con el Fondo Verde del Clima, para apoyar la transición sostenible de más de 1.200 pequeñas empresas, crear más de 5.000 empleos verdes y evitar la emisión de más de 10,7 millones de toneladas de CO2 equivalente. En programas urbanos, su iniciativa «Biodiverciudades» promueve el desarrollo urbano que preserva la biodiversidad y fortalece la adaptación al cambio climático.

En definitiva, el informe «Peligro y promesa» señala el urgentísimo deber de actuar desde múltiples frentes —político, social, empresarial— para transformar la amenaza climática en una oportunidad de innovación, equidad y crecimiento sostenible. El sector privado, con su capacidad de inversión, innovación y escala, tiene una responsabilidad histórica: liderar este cambio en América Latina y el Caribe.